Por Sergio Ferrari

El bochorno de un verano asfixiante se fue deslizando en las últimas semanas hacia un otoño europeo cada día más caliente. Se pasó de la canícula climática a la masiva protesta social en las calles, notablemente en Francia y España, pero también en Bélgica, Italia, Portugal, Albania y Grecia. El efecto «tsunami de sociedad» en un continente cada día más interdependiente amenaza inundar con más enojo y malestar a otras naciones de la región.

Si bien en cada país el origen de la protesta tuvo matices propios, existen importantes denominadores comunes.

El deterioro del sistema educativo y de muchas infraestructuras escolares ya degradadas encendió la mecha en Francia durante la tercera semana de septiembre. Muy rápidamente, el estallido se expandió debido al cuestionamiento de la grave coyuntura social y económica y del elevado costo de la vida que afecta a los sectores más vulnerables. Situación y argumentos que encuentran similitudes con las movilizaciones juveniles en Bélgica, Italia, Portugal y Grecia.

La profunda crisis de la vivienda, agravada por el turismo masivo que transforma miles de propiedades familiares en alojamientos temporales para visitantes, despertó a amplios sectores de la sociedad española, particularmente a jóvenes relegados a habitaciones precarias e inquilinos amenazados por desalojos. El emblemático caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo desalojo aceleró su deterioro físico y posterior fallecimiento, fortaleció la organización de sindicatos de inquilinos que desde hace años denuncian una situación inmobiliaria cada vez más excluyente.

En Albania, la movilización comenzó en mayo cuando activistas ambientales denunciaron la construcción de un complejo turístico de lujo financiado parcialmente por Jared Kushner, yerno del entonces presidente estadounidense Donald Trump. Con el paso de los meses, se sumaron organizaciones y sectores sociales que denuncian la corrupción gubernamental y el constante incremento del costo de vida.

Juventud a la calle

Más allá de las causas particulares y de las diferentes consignas, se trata de una protesta social de extraordinaria capacidad de movilización y de contagio político. Las manifestaciones involucran ya a seis países de la Unión Europea y a Albania, candidata a integrarse al bloque, alcanzando directa o indirectamente a más de 210 millones de habitantes.

Estas movilizaciones están impactando de lleno en la coyuntura política de los países afectados. En España, los principales sindicatos convocaron una huelga nacional para el 11 de noviembre centrada en la crisis habitacional y la pérdida del poder adquisitivo. En Portugal, las organizaciones gremiales estudian medidas similares.

En Francia, a la movilización estudiantil se le han sumado partidos de izquierda, sindicatos progresistas y los Chalecos Amarillos, movimiento surgido espontáneamente en 2018 y que protagonizó algunas de las confrontaciones sociales más importantes de las últimas décadas. Tras varios años de relativa invisibilidad política, el movimiento reapareció con fuerza.

Uno de los aspectos más significativos es la presencia masiva de adolescentes y jóvenes. Este fenómeno cuestiona a quienes durante años sostuvieron que la juventud europea estaba desinteresada de la política. Lo que muchos análisis no lograron comprender es que para amplios sectores juveniles la política ya no se expresa necesariamente a través de la militancia partidaria tradicional.

Para esta nueva generación, la política se construye desde la vida cotidiana, desde los problemas concretos que afectan sus condiciones de existencia: la vivienda, la educación, el empleo, los salarios y el costo de la vida. A ello se suman dimensiones culturales y comunicacionales frecuentemente incomprensibles para los partidos tradicionales y las estructuras institucionales.

Resulta sintomático que buena parte de esta juventud prefiera expresar sus reivindicaciones mediante pancartas improvisadas, escritas a mano sobre cartones con marcadores de colores y elaboradas colectivamente en asambleas o reuniones grupales. Son formas de representación alejadas de la estética profesionalizada de los grandes aparatos partidarios.

También el espacio físico elegido para la protesta posee un significado político profundo. Las calles, plazas y avenidas de París, Madrid, Lisboa, Bruselas, Roma, Tirana o Atenas se han transformado en escenarios privilegiados de participación ciudadana. A diferencia de los espacios cerrados, los actos partidarios o las campañas electorales tradicionales, los manifestantes reivindican el espacio público como bien colectivo.

Sin embargo, estas geografías urbanas en disputa se encuentran siempre al borde de una peligrosa frontera entre la protesta y la violencia. Así ocurrió el 17 de octubre en Francia, cuando la magnitud de la movilización, las provocaciones policiales y la improvisación gubernamental derivaron en enfrentamientos y hechos de destrucción material que captaron la atención mediática internacional.

Ese día se realizaron centenares de marchas y concentraciones en más de veinte ciudades francesas. Según los organizadores, participaron alrededor de 800.000 personas. Aunque los medios concentraron su cobertura en los episodios violentos ocurridos en ciudades como París, Marsella, Toulouse, Lyon y Limoges, la mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas y estuvieron acompañadas por expresiones artísticas, musicales y culturales difundidas principalmente a través de las redes sociales vinculadas al movimiento juvenil.

Todo ello ocurrió en un contexto de creciente represión estatal. Solo el 17 de octubre, la policía francesa detuvo a más de 2.300 personas. Según el sociólogo Sébastian Roché, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, en las dos semanas previas se produjeron unas 8.000 identificaciones e interrogatorios de jóvenes, muchos de ellos estudiantes secundarios. Cuatro adolescentes resultaron gravemente mutilados por proyectiles policiales o granadas explosivas.

Las protestas también encontraron respuestas represivas en otros países. Francia desplegó cerca de 70.000 efectivos para controlar las movilizaciones. En España, si bien no se registraron operativos de similar magnitud, las protestas fueron objeto de campañas de descalificación impulsadas por dirigentes conservadores y acompañadas en ocasiones por provocaciones de grupos de extrema derecha.

No resulta extraño, entonces, que se multiplicaran las consignas antifascistas y contra la violencia policial, especialmente en Francia y Bélgica. Detrás de ellas se expresa una preocupación creciente frente al avance electoral y cultural de las fuerzas ultraderechistas en distintos países europeos.

La crisis, madre de la bronca

Las movilizaciones más intensas se han producido en Francia, país inmerso en una profunda crisis política e institucional. El origen inmediato de esta situación se remonta a las elecciones legislativas de junio de 2024 convocadas por Emmanuel Macron.

Aunque el Nuevo Frente Popular obtuvo la primera posición, por delante del partido presidencial Renacimiento y de la extrema derecha agrupada en la Agrupación Nacional, la gestión posterior del Ejecutivo fue percibida por amplios sectores sociales como una desnaturalización de los resultados electorales. El debilitamiento de la confianza institucional se profundizó mientras continuaban sin respuesta problemas estructurales relacionados con la educación, la salud y los salarios.

Paralelamente, Francia atraviesa una compleja coyuntura económica. Las expectativas de crecimiento fueron sucesivamente revisadas a la baja tras un desempeño débil durante los primeros trimestres del año. La inflación continúa afectando el poder adquisitivo, el desempleo mantiene una tendencia creciente y la deuda pública alcanza niveles históricamente elevados.

Diversos medios franceses han descrito esta situación como un desacoplamiento económico respecto de otras economías europeas. Mientras varios países muestran signos de recuperación, Francia enfrenta una desaceleración persistente que erosiona la legitimidad de las políticas gubernamentales y agrava el malestar social.

Francia, Ucrania y el costo de la guerra

En este contexto, la guerra en Ucrania constituye un factor adicional de tensión económica y política.

Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, Francia ha comprometido importantes recursos financieros y militares en apoyo a Kiev. Más allá de las diferencias existentes sobre el monto exacto de esa ayuda, numerosas voces señalan que estos compromisos han incrementado las presiones sobre un presupuesto estatal ya afectado por déficits persistentes y crecientes demandas sociales.

Al mismo tiempo, la economía francesa continúa soportando los efectos indirectos de la guerra: encarecimiento energético, aumento de costos industriales, impacto sobre el precio de los combustibles y necesidad de sostener programas públicos destinados a contener los efectos inflacionarios sobre los consumidores.

Los gastos asociados a la crisis energética generada tras el conflicto han representado decenas de miles de millones de euros destinados a subsidios, compensaciones y mecanismos de protección para los hogares y las empresas.

Por otro lado, la Unión Europea se ha consolidado como el principal proveedor de ayuda financiera y económica a Ucrania. Estos esfuerzos presupuestarios tienen consecuencias directas sobre las prioridades internas del bloque, obligando a redefinir partidas destinadas a políticas sociales, cooperación internacional e inversiones productivas.

La percepción creciente entre amplios sectores ciudadanos es que la guerra tiene costos concretos para la población europea. No solamente a través de la presión fiscal y presupuestaria, sino también mediante la erosión progresiva de los servicios públicos y del Estado de bienestar construido durante décadas.

Calle y votos

Las crisis internas europeas, el impacto económico de las guerras en Ucrania y Medio Oriente, el aumento sostenido del gasto militar impulsado por la OTAN, el debilitamiento relativo del peso geopolítico europeo y el deterioro de las condiciones sociales conforman un escenario de enorme incertidumbre para el continente.

En ese marco, la extrema derecha busca capitalizar el malestar mediante discursos populistas y nacionalistas. Simultáneamente, importantes actores sociales, especialmente la juventud, vuelven a ocupar las calles reclamando derechos que consideran esenciales: vivienda digna, educación pública, salarios justos y protección social.

La gran incógnita sigue siendo la relación entre protesta social y representación política. ¿Se traducirá esta movilización en cambios electorales profundos? ¿Emergerán nuevas formas de participación política capaces de desafiar al sistema tradicional? ¿O la energía social terminará absorbida por las dinámicas institucionales existentes?

En España, las movilizaciones por la vivienda ya han alterado significativamente el debate político. En Francia, las próximas elecciones presidenciales serán una prueba decisiva para medir el impacto de este ciclo de protestas.

Por ahora, la juventud europea parece apostar menos por las urnas y más por la movilización permanente. En las calles de París, Madrid, Bruselas, Lisboa, Roma o Atenas se está escribiendo un nuevo capítulo de la disputa por el futuro del continente. Un capítulo en el que la defensa de derechos básicos, la crítica al modelo económico vigente y el rechazo a las consecuencias sociales de la guerra se entrelazan en una misma demanda: recuperar una Europa capaz de responder a las necesidades de sus pueblos antes que a las exigencias de los mercados y de las estrategias geopolíticas globales.